La nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por una parte consagra derechos y deberes ambientales bien definidos y por la otra confiere al Poder Público Municipal un carácter e importancia crucial en la organización de base de la sociedad. Esta circunstancia nos permitió la comisión Legislativa Nacional o Cuerpo Legislativo de la Transición, conformar un Comité Técnico con un representante del Instituto Nacional de Parques y un representante de Hidroven. Como resultado de esta labor se produjo un Proyecto de Ley denominada Ley de Gestión Ambiental Municipal.
  Este Proyecto de Ley no pudo ser sancionado por la Comisión Legislativa Nacional, porque la intensidad de las circunstancias históricas privilegió los cambios políticos y el proyecto fue desplazado. Recientemente el proyecto en cuestión fue entregado a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional Asamblea Nacional para su reactivación.

Una nueva herramienta

  El Proyecto de Ley contiene novedosas herramientas y disposiciones para materializar acciones en asuntos de protección y educación ambiental. Entre las herramientas debemos citar que la ley crea las OMPA u Oficinas Municipales de Protección Ambiental. Estas oficinas tienen carácter ejecutivo, coordinador, auditor y contralor ambiental y están integradas de acuerdo a la Ley, por un reducido número de profesionales o expertos en ambiente. Se señala claramente, además, que estas oficinas tendrán un presupuesto anual estable proporcionado por el propio Municipio y los gobiernos estadal y nacional.
  Otra herramienta novedosa y de extraordinaria importancia es la creación de los Consejos Consultivos Ambientales Municipales, como órganos planificadores y asesores de las acciones de las Oficinas de Gestión Municipal. Es interesante destacar que este Consejo Consultivo estará integrado además del representante de la Guardia Nacional, del representante del Ministerio del Ambiente y del Director de la Oficina Ambiental Regional, por un representante de las organizaciones no gubernamentales establecidas en el Municipio y por el Síndico Procurador Municipal. La ley también confiere no sólo a la Guardia Nacional el deber de protección del ambiente, sino que asigna a las Juntas Parroquiales la misión de divulgar normas sobre educación ambiental y la de canalizar las denuncias sobre presuntos daños ambientales.
  Pero la ley va todavía más allá y fija como política para la educación ambiental todo un proceso interactivo y de integración entre los ciudadanos y su ambiente, con el propósito de lograr cambios de actitudes que permitan desarrollar modos locales de conservación de los recursos naturales o su recuperación. Obliga a las unidades educativas existentes a crear Laboratorios Ambientales en plazas y parques y a desarrollar actividades de resguardo ambiental, conservación, reforestación, auditoria de la biodiversidad, etc.
  Finalmente, el proyecto de ley tiene un capítulo en el cual se fijan sanciones muy precisas y ejemplarizantes para los funcionarios municipales que incurran en delitos de corrupción ambiental. Con relación a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que cometan ilícitos ambientales que van desde lanzar objetos como desechos sólidos en la vía hasta aquellos que afecten de manera física a bosques o aguas de forma ilegal, se establecen sanciones con multas que van desde una hasta cinco mil unidades tributarias.
  Sólo me queda hacer un llamado a todos los ciudadanos responsables, auténticamente comprometidos con la protección del medio ambiente y los recursos naturales, a manifestar a la Asamblea Nacional nuestro más decidido apoyo a este Anteproyecto de Ley y exigir su divulgación para que pueda ser discutida y promulgada lo más pronto posible.
  No puedo concluir estos comentarios sin hacer justicia histórica, reconociendo la invalorable participación en los inicios de este proyecto del honorable Profesor Rafael Viloria con quien concertamos las grandes directrices del proyecto y posteriormente, la indispensable contribución que hicieron los distinguidos Profesores Mariano Uzcátegui Urdaneta y Clara Godoy Vetancourt, quienes prepararon el primer proyecto cuyo titulo es Ley Orgánica de Guardería Ambiental.
  En nombre de Venezuela y de su ambiente, gracias a ellos y a todos quienes posteriormente contribuyeron a confeccionar la última versión de este proyecto.

* Prof. De la Universidad de Los Andes, ex Director del CONICIT, ex Constituyente.