En la actualidad la actividad referida
a la producción, certificación y co-
mercialización de semillas está regu-
lada por un instrumento denominado
“Normas Generales de Semillas”, ex-
pedido el 23 de Abril de 1.986, el
cual ha quedado desfasado. Además
para la actividad relacionada con el manejo integral del mate rial de reproducción animal, no existe ley ni normativa alguna en el país que la regule.
  Al poco conocido proyecto de Ley de Tierras, se une una nueva propuesta normativa conocida como Ley de Semillas, cuyo proyecto fuera aprobado en primera discusión dentro de la Asamblea Nacional, pese a no haber sido suficientemente debatido por la colectividad en general. Entre los sectores más preocupados por el contenido de este proyecto legislativo figuran las cooperativas campesinas y agrícolas, quienes han manifestado sus reservas en torno a la aparente carencia de incentivos que reconozcan los valores de la conservación ambiental y la conservación y uso social y equitativo de la diversidad vegetal de Venezuela para el beneficio de la presente y futuras generaciones.
  Una de ellas es la Red Agroecológica Venezolana (REAVE), conformada por organizaciones no gubernamentales, grupos de agricultores campesinos e indígenas que trabajan en los temas de agricultura ecológica. Su larga trayectoria en la producción artesanal de semillas, el control de insectos y enfermedades y la producción de insumos biológicos para la fertilización, avalan su posición. “Todo nuestro esfuerzo y logros por una agricultura no contaminante, sustentable y alternativa está en riesgo”. Y es que parece que el nuevo proyecto jurídico “no plantea la disposición a fortalecer los procesos de independencia campesina y verdadera seguridad alimentaria”, pese a los esfuerzos adelantados por las propias comunidades en lograr una agricultura no contaminante, sustentable y alternativa, base de los procesos de desarrollo local y regional.
  En opinión de los ambientalistas, el ámbito de aplicación de este proyecto pareciera enfatizar la producción industrial y el comercio a gran escala de las semillas, con lo cual se pudieran beneficiar a las empresas transnacionales, con toda la plataforma para abarcar grandes mercados. Con ello, lejos de promover la libre competencia, pudiera profundizarse la dependencia alimentaria con lo cual se debilitaría nuestra independencia en la producción agrícola en general, más allá de los beneficios económicos derivados de esta actividad.
  En opinión de VITALIS, proyectos como éste deben formar parte de una política integral del Estado, en el cual confluyan los intereses gubernamentales con aquellos de los diferentes sectores de la sociedad civil, incluyendo a la empresa privada y las asociaciones de producción y consumo. Tal política debe promover una agricultura sostenible basada en la atención de los requerimientos alimentarios de la población, con la subsiguiente mejora de la calidad de vida de los venezolanos, sin menoscabo de las condiciones ambientales y de los recursos naturales en general, y respetando los sistemas tradicionales de producción.
  Campesinos y agricultores consideran que se debe garantizar la protección, preservación y uso sustentable del material tradicional animal, vegetal y biológico en general, y de las tecnologías, conocimientos y sabiduría tradicionales, usadas ancestralmente por nuestros indígenas y los campesinos tradicionales, y que en la actualidad forman parte de nuestra diversidad biológica y cultural y patrimonio nacional, en cumplimiento de lo establecido en nuestra Constitución Nacional.
  El proyecto se consultó con los sectores de productores empresariales, industrias de productores de semillas, sectores gubernamentales y académicos. Sin embargo, aparentemente no fueron consultados los agricultores, campesinos y ONGs, cuyos conocimientos son vitales para obtener una ley justa y apropiada a nuestras necesidades.

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