Comunicación ambiental
                          y posicionamiento político

     
E D I T O R I A L

 

 Hace tres años la mayoría de venezolanos votamos por un cambio.
Aquel anhelo colectivo logró reunir en su momento un conglomerado he-
terogéneo de hombres y mujeres que representaban diversidad de sec-
tores y múltiples corrientes de pensamiento. La plataforma común es-
taba marcada por un rechazo general a la incapacidad y corrupción de
la clase política enquistada en la estructura del Estado. El objetivo co-
mún se expresaba en un deseo por concretar reformas radicales, de
manera pacífica, al sistema institucional de gobierno. Un ideal de
igualdad -inherente al alma venezolana- motorizó aquel masivo apoyo
por reivindicar una democracia que trascendiera las fronteras de lo
político y se manifestara también en lo social y económico.
  Hoy, luego de tres años de esperar por la transformación que au-
guraba la revolución bolivariana, una gigantesca interrogante flota
como nubarrón oscuro y tormentoso sobre el futuro nacional. Un
panorama signado por la confrontación política tiñe de caos todos
los espacios de nuestra vida ciudadana. La incredulidad e incerti-
dumbre ganan terreno frente a los liderazgos confusos del presente y del pasado.
  Y aún así, en medio de esas aguas turbulentas se materializan nuevas oportunidades para esa sociedad organizada que hoy, quizás más que nunca, desea un cambio en democracia. Pero el momento actual exige de nosotros capacidad de análisis y visión de conjunto. La lectura de estos 36 meses que nos separan de las elecciones de 1998 nos obliga a mirar la crisis desde diversos escenarios y perspectivas.
  Para nosotros, la ecología representa uno de estos escenarios. De allí surge precisamente nuestra propuesta editorial: sumar una perspectiva ambiental a la lectura del proceso de cambios y crisis de gobernabilidad. Y sin embargo, a pesar de la importancia de la variable ambiental, la mayoría de las organizaciones ambientalistas se han mantenido al margen de la discusión política, económica y social que enfrenta a diversos sectores de la sociedad venezolana.
  ¿Dónde están, pues, y que piensan o hacen los grupos conservacionistas, las organizaciones ecologistas y ambientalistas del país frente a las acciones contundentes del actual gobierno?, ¿Cuál es su postura frente a los partidos políticos que lo oponen…? Son acaso los ecologistas gente de la cuarta o de la quinta?, ¿son patriotas o realistas?, ¿soberanos u oligarcas?, ¿revolucionarios o traidores…?
  Hay algo seguro. A medida que se acentúan las contradicciones de este proceso, se acerca el tiempo de las definiciones. Sería lamentable que el movimiento ambiental no enarbolara sus respuestas frente a los dilemas con que nos enfrenta el momento. Obviamente, a los ambientalistas les urge resolver el dilema de su propia identidad como movimiento social. Solo así podrían dar las respuestas que la sociedad reclama a fin de integrar la perspectiva ambiental a las políticas de desarrollo nacional. Dentro de este escenario –a nuestro modo de ver- la primera acción en dirección a un posicionamiento coherente será rechazar el falso dilema que proponen los sectarismos políticos: “o con conmigo o contra mí”. El ring de boxeo tiene tres esquinas y en una se encuentra, sola, la sociedad civil de la cual formamos parte los ambientalistas.
  Nadie, repetimos, nadie puede afirmar que en este país el movimiento ambiental ha coexistido en conchupancia con las cúpulas podridas de la Cuarta Republica. Muy al contrario. A lo largo de su evolución los ecologistas venezolanos se han enfrentado a las políticas del Estado desarrollista -bajo los regimenes adeco-copeyanos- pugnando por nuevas legislaciones, denunciando las corruptelas de los altos funcionarios y abogando por el cumplimiento de la Ley Orgánica y la Ley Penal del Ambiente.
  Hoy día, en las actuales circunstancias, el movimiento ambiental necesita más independencia política que nunca. Su compromiso político debe estar dirigido a ejercer presión para el cumplimiento de la leyes ambientales. Como grupo de presión, su acción política debe sustentarse en la formulación y promoción de políticas de Estado cónsonas con los postulados de un desarrollo sustentable.
  De allí que para tomar posición frente a este gobierno y frente a la clase política que dice representarnos -sean de la cuarta o de la quinta- los ambientalistas tendremos que plantearnos, obligatoriamente, las interrogantes de siempre frente a cada gobierno de turno: ¿cuáles son los criterios que nos permitirán juzgar la sustentabilidad ambiental de las políticas de desarrollo de la actual administración?, ¿cual es el balance ambiental del actual proceso de cambios?, ¿que tan ecológica es la revolución bolivariana?, ¿en que se diferencia su política ambiental respecto a la de gobiernos pasados?...
  A cada pregunta que activa una neurona inconforme de la memoria, una respuesta dá la medida aproximada de la distancia que nos separa de las promesas electorales. Ciertamente, un ejercicio incomodo e impertinente que nos permite recorrer mentalmente los últimos meses. Atrás han quedado las maniobras políticas necesarias para mantener en limbo al decreto 1.850 sobre Imataca. Para la historia militar quedo la discusión sobre el tendido eléctrico hacia Brasil. Los epítetos de “ecologistas traidores” o “ecologistas adecos” forjaron decepciones entre quienes habían apoyado al único candidato que hablo de ecología...
  Ahí queda eso, por ahora, en el pasado; mientras el presente le plantea nuevos retos a todos los ambientalistas. Allí esta -por ejemplo- la nueva constitución: un instrumento de política ambiental que puede rendir innumerables beneficios a la política de Estado. Allí están los anteproyectos de leyes de gestión ambiental que deben ser discutidos por una Asamblea Nacional casi analfabeta en cuestiones ecológicas. La Ley de Tierras, conflictiva, llena de imprecisiones y lagunas, pero con elementos novedosos desde el punto de vista agro ecológico. Ella nos invita a releer la vieja Ley de Reforma Agraria para cotejar contenidos en el “espíritu de las leyes”. Del mismo modo encontramos un conjunto de otras leyes de reciente promulgación, que tocan de manera directa el futuro de los recursos naturales, y que son hoy atacadas a mansalva por grupos e intereses que no representan precisamente la sustentabilidad agrícola, o pesquera, o urbanística, pero que hacen coro con una oposición a ultranza donde se mezclan los zorros y camaleones de las viejas impunidades.
  No, ciertamente no podemos caer en trampas de pasión politiquera.Tampoco será sencillo ubicarse en una perspectiva ambientalista coherente y libre de prejuicios.
  Pero es allí donde un medio de comunicación puede servir de instrumento para orientar la discusión y el análisis de nuestra realidad. Es allí donde cobra fuerza la noción de la información como elemento indispensable para motorizar la democratización del debate sobre la problemática ecológica y agroalimentaria del país. Es aquí donde La Era Ecológica intentará ofrecerles una visión alternativa, una primera aproximación a esa perspectiva ambiental que tanto necesitamos.


 
inicio