Un hecho que despierta preocupación es la extracción de oro en parques nacionales y reservas forestales del estado Amazonas; a pesar que desde 1989, por Decreto Presidencial Nº 269, quedó prohibida la minería en esa entidad. El regreso de la explotación minera, además de ser ilegal, causa daños ecológicos y problemas a la población autóctona. La subcomisión de Diversidad Biológica de la Comisión de Ambiente de la AN, constató las actividades de extracción de oro que se realizan en tres parques nacionales y dos reservas, con 12 focos de extracción, en los que se presume están involucrados decenas de mineros brasileños, colombianos y venezolanos. La deforestación se estima en no menos de 500 hectáreas.
  La zona protectora sur del estado Bolívar es un área donde nacen importantes afluentes del río Caroní -el cual alimenta al Complejo Hidroeléctrico de Gurí-, responsable de la producción de más del 75 % de la energía que consume el país. Esta zona se encuentra seriamente degradada por la intensiva explotación minera, en especial en el río Icabarú. Las autoridades venezolanas tienen más de 20 años tratando de controlar la explotación minera en la cuenca del río Caroní, sin obtener resultados efectivos. El MARN estudia la posibilidad de declarar la Cuenca del Caroní zona libre de minería, como medida de preservación de la Represa de Guri.

Areas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)

  Los parques nacionales y otras ABRAE atraviesan una situación difícil. Por una parte, debido a la falta de una efectiva vigilancia y control; y por otra, por el incumplimiento de los planes de manejo y reglamento de uso de las mismas, en tanto que instrumentos legales diseñados para su protección. El déficit de control y vigilancia está asociado con la insuficiencia presupuestaria de Inparques. En septiembre de 2002, la presidenta de este organismo, Carmen Castillo, declaró que el presupuesto aprobado para la ejecución 2002 era deficitario. Según la ONG Forja, “nuestros 43 parques nacionales y 41 monumentos naturales están desprotegidos ya que hay pocos técnicos y guarda parques”.
  La violación de los instrumentos legales que protegen estas áreas, por parte del sector gubernamental y privado. No existe una adecuada conciencia sobre la importancia de respetar la normativa que los protege, ni tampoco de aplicar, tanto al sector gubernamental como privado, las leyes penales ambientales establecidas a los efectos.
  Otros problemas que se presentan en los parques nacionales son los incendios forestales, deforestaciones, cacería ilegal, invasiones, minería, construcción de infraestructuras, entre otros. En el año 2001 se registró, en ámbito nacional, la alarmante cifra de 4.000 incendios forestales y 60.000 hectáreas afectadas. Los parques nacionales más perjudicados por los siniestros fueron, entre otros, Canaima (Edo. Bolívar), Henry Pittier (Edo. Aragua), San Esteban (Edo. Carabobo), Sierra de la Culata (Edo. Mérida), El Ávila (Distrito Capital). Los incendios tienen múltiples consecuencias, como deslaves, erosión, pérdida de la flora y fauna silvestre, merma de los niveles de agua, pérdidas económicas, contaminación ambiental y emisiones de gases que aceleran el recalentamiento de la atmósfera. Debido a la gravedad del caso, el Ejecutivo acordó elaborar un plan de acción para los próximos 6 años, a partir de 2002, con un costo estimado de 53 millardos de bolívares, que se obtendrán a través de una ley de endeudamiento del sector público. Esto, aunado al Plan de Reforestación Nacional, que se inició en el año 2001, bautizado con el nombre de Chuquisaca, constituyen esfuerzos del Gobierno para frenar los incendios y mejorar las condiciones naturales de las Áreas Protegidas y otras áreas naturales del país. El Plan Chuquisaca abarca 500 hectáreas ubicadas en 15 cuencas de 12 estados del país, con un costo de cinco millardos de bolívares
  La cacería indiscriminada es otro de los problemas que sufren las ABRAE. En la reserva forestal de El Caura (Edo. Bolívar) “los caveros” sortean los controles de la GN, dando muerte a varias especies entre las que se encuentran la tortuga Terecay y Aro, la danta o tapire, la lapa, el venado y el paují, especies que posteriormente venden libremente en Maripa y Ciudad Bolívar (Edo. Bolívar).
  Las zonas protectoras sufren impactos considerables por la ocupación ilegal de tierras, la tala indiscriminada, los incendios, entre otros. El caso de la zona protectora del embalse de Macagua (Edo. Bolívar) es un ejemplo. Según sostienen algunos denunciantes, la venta ilegal de terrenos pertenecientes al Estado ha provocado la ocupación ilegal de terrenos que conforman esta área. Los bosques ralos de esta ABRAE han sido los más atacados. Los mismos fueron deforestados, quemados y removidos para la demarcación de parcelas, construcción de vías y picas de accesos para la ocupación. Esta actividad pone en peligro el principal reservorio de agua con que cuenta Ciudad Guayana (Edo. Bolívar).

* Miembros fundadores de la Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana, AMIGRANSA. Investigadoras del capítulo ambiental de PROVEA. Representantes para Venezuela de la Red Alerta Petrolera-Orinoco Oilwatch.
Próximamente: Los lectores interesados pueden acceder a la versión original de este informe a través de la página web de la Fundación La Era Agrícola: www.eraecologica.org