Democracia
y desarrollo sustentable
Desde finales del siglo XX las tribunas de la política
han recogido un nuevo sonido que hace eco a través del mundo:
el desarrollo sustentable. Presidentes, ministros, alcaldes y candidatos
de las más variadas ideologías y partidos cuidan de
no obviar en sus discursos las referencias al concepto de sustentabilidad
ambiental. Tanto en Washington como en La Habana, en Pekín
o Bonn, Rabat o Delhi, capitalistas y comunistas, desarrollados
o no, sin distingo de religión, los países parecen
estar de acuerdo en una noción general de sustentabilidad
ecológica, en la cual el desarrollo económico y social
de los pueblos debe dejar espacio a la protección del ambiente
y los recursos naturales, de donde se sostiene, en definitiva, la
vida del planeta.
Pero, mas allá de las coincidencias que reúnen
a la humanidad en torno al futuro ecológico, cabria preguntarse
si este modelo de desarrollo sustentable requiere o implica un correspondiente
modelo político. En otras palabras, ¿cual debería
ser el sistema político que promueva y sustente efectivamente
un modelo ecológico de desarrollo?
Los ambientalistas y ecologistas venezolanos no son
los únicos que deberían hacerse esta pregunta. Políticos
y empresarios, quienes representan arquetípicamente al Estado
y al mercado, deben saber que más allá de las implicaciones
sociales y económicas, el reto de la sustentabilidad es además
un asunto de supervivencia, cuando no de predominio político.
De allí el carácter geopolítico de la ecopolítica.
Pero este primer cuestionamiento nos conduce ineludiblemente
hacia otras interrogantes que van más allá de una
reflexión teórica sobre la viabilidad política
de la ecología social. Nuestras preguntas cobran pertinencia
particular en la etapa presente que vive Venezuela, donde el núcleo
del discurso político parece resumirse en la confrontación
ideológica de dos opciones: por una parte “la democracia”,
sea esta social, representativa o participativa y protagónica.
Opuesta a la democracia -tal como lo anuncian los dos bandos en
pugna- surge el fantasma de una dictadura totalitaria, neofascista
o neostalinista.- con su carga de violencia y represion politica.
De alli que -a despecho de quienes defienden posiciones
de neutralidad y asepsia ambiental- encontramos razones suficientes
en este momento para confrontar la politica con la ecologia. Y nos
preguntamos entonces, ¿es la democracia un requisito indispensable
al desarrollo sustentable?, ¿Puede acaso existir un verdadero
desarrollo sustentable bajo un regimen totalitario?, ¿puede
el desarrollo sustentable -indistintamente- ir de la mano de un
socialismo stalinista, de concepción militarista o de un
capitalismo monopolico, gobernado por monopolios y corporaciones
transnacionales?
Ya que nuestra intención es aportar elementos
para una salida integral a la actual realidad politica del país;
conviene entonces un breve repaso sobre las relaciones entre Democracia
y Desarrollo Sustentable.
La
base politica del ambiente
Surgido del consenso mundial oficial de las Naciones
Unidas, el término de Desarrollo Sustentable o Sostenible
nace directamente de conceptos económicos y sociales anteriores
como el eco-desarrollo y se alimenta normativamente del socialismo
utópico, la democracia moderna y el sincretismo espiritual.
No obstante este presunto bagaje, el concepto de Desarrollo Sustentable
se encuentra en una etapa de formación y discusión.
Así, el término se nos presenta por una parte amplio
y esclarecedor y por la otra aséptico y anodino.
El Informe Brundtland nos dice que, "El Desarrollo
Sustentable es el que satisface las necesidades del presente sin
dañar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer
sus propias necesidades".
Pero, ¿las necesidades de quiénes?, ¿a
cuáles futuras generaciones se refiere?, ¿bajo cuál
concepción sociopolítica se llevaría a cabo
este modelo?, pudieran ser algunas de las preguntas para iniciar
una larga discusión.
Sin duda esta primera aproximación, contenida
en el Informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente
(1987) era, más que un concepto, un señalamiento sobre
la necesidad de cambiar el punto de vista sobre los modelos de desarrollo
tradicionales. Queda implícita la necesidad de establecer
estrategias ambientales de cara al siglo XXI, partiendo de la interrelación
entre los factores de población, recursos naturales, medio
ambiente y desarrollo. Específicamente, el Informe Brundtland
señala entre los prerrequisitos para consolidar un desarrollo
sostenible la necesidad de “sistemas políticos que
aseguren la efectiva participación de los ciudadanos en la
toma de decisiones”.
Por su parte, "Nuestra Propia Agenda", producida
por la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América
Latina y El Caribe (1990), hace el primer intento en darle una connotación
regional al concepto de Desarrollo Sustentable. Se enfatiza la necesidad
de definir una agenda de desarrollo ambiental, partiendo de los
problemas y potencialidades que ofrece el patrimonio natural de
la región y estableciendo prioridades, en base a las realidades
económicas y sociales presentes y a las características
del entorno natural y social. La lucha por la justicia social y
la erradicación de la pobreza surgen como requisitos para
lograr un verdadero desarrollo sustentable, mientras que políticamente
enfatizan la necesidad de “una democracia de participación,
requisito ineludible para promover un desarrollo sustentable”
y emplazan a la modernización de los sistemas democráticos
por medio de una reforma del Estado enfocada hacia el cambio político.
“Estas reformas dirigidas preferentemente a mejorar la calidad
de la representación y a la apertura de nuevos y mas eficientes
canales de participación, tienen como propósito profundizar
la democracia, fortaleciendo la sociedad civil para incrementar
su capacidad de control del Estado. Por eso señalamos que
entre el desarrollo sustentable y la democracia existe un vínculo
indisociable”
Dice el Informe de la Comisión sobre Países
en Desarrollo y Cambio Mundial (Ottawa, Canadá 1992): “A
nivel nacional, los sistemas democráticos de gobierno y la
verdadera democracia participativa son cruciales para proteger el
medio ambiente y promover el uso sostenible de los recursos. Los
cambios en las políticas deberían apoyar la descentralización
de la planificación. También son fundamentales la
libertad de prensa y la ausencia de propiedad y control monopolico
sobre los recursos y la producción.” Y agrega el informe:
“¿Qué forma debería asumir un gobierno
nacional para asegurar que responde a los intereses y a las aspiraciones
genuinas de la gente? Las dictaduras no son el sistema mas adecuado
para administrar los recursos naturales y asegurar que se tengan
en cuenta los intereses a largo plazo; sin embargo, los sistemas
parlamentarios multipartidistas en si mismo tampoco lo son. Incluso
en las democracias, es preciso examinar el impacto de las políticas
ambientales y de recursos naturales existentes, y las leyes sobre
participación popular en su manejo.”
Desde
la perspectiva politica del capital, nos dice el informe (1990)
de la CEPAL y el PNUMA: “La acción ambiental no puede
dejarse librada al azar o a los sistemas auto regulatorios del mercado.
La concepción del Estado como una entidad subsidiaria de
la sociedad y la economía ha demostrado ser insuficiente
para aliviar la presión excesiva que se ejerce sobre el entorno”
Otra referencia importante la encontramos en los "Tratados
Alternativos" de Río ´92, donde el Foro Internacional
de ONG's y Movimiento Sociales, declaraba :"Rechazamos enérgicamente
que el concepto de desarrollo sustentable sea transformado en mera
categoría económica, restringido al empleo de nuevas
tecnologías, y subordinado a cada nuevo producto del mercado.
Permitir esto significa garantizar la continuación de la
pobreza y la riqueza estructurales, emergentes del modelo de civilización
dominante que denunciamos"
Pero, quizás el documento que mejor puede guiarnos
a descubrir la esencia del desarrollo sustentable lo encontramos
en el Programa de Acción de las Naciones Unidas para el Siglo
XXI, suscrito por la totalidad de los países miembros de
la ONU. Entre los 40 capítulos que conforman la Agenda XXI
encontraremos, no una definición perentoria del desarrollo
sustentable, pero si un plan de acción sobre una amplia gama
de temas relacionados con las dimensiones sociales y económicas,
la conservación y gestión de los recursos naturales,
el fortalecimiento de la sociedad civil, y la implementación
de medios y recursos para llevar a la práctica las acciones
necesarias que deberán emprender los Estados y sociedades
del planeta.
El
denominador político común al fomento del desarrollo
sustentable parece residir entonces en la capacidad de los Estados
y gobiernos de contar con instituciones y leyes que permitan y propicien
la más amplia participación ciudadana en la toma de
decisiones colectivas que determinarán el futuro de sus sociedades.
En pocas palabras, regímenes democráticos con mejor
representación y mayor participación.
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