Asamblea
General de la Red de Organizaciones Conservacionistas
No Gubernamentales
El sábado 27 de marzo de 1993 se realizó
desde las nueve de la mañana la Asamblea General de la Red
de Organizaciones Conservacionistas No Gubernamentales en el Parque
del Este, en Caracas.
Los puntos dialogados en la asamblea fueron: informe
de actividades 1991-1992; cambios en los estatutos; elección
del nuevo Comité Coordinador; programación 1993-1994
y puntos varios. Cualquier sugerencia o nuevas ideas para mejorar
el funcionamiento de la Red puede hacerse a ARA, teléfono
02-5672828. Fax 5761579 o al Apdo. Postal 47552, Caracas 1041 -A,
Venezuela.
Consulta pública
del anteproyecto de reglamento del Parque Nacional
Gral. Juan Pablo Peñaloza
La discusión pública del ante proyecto
del Reglamento de Uso del Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza
alcanzó un importante nivel de participación al reunir
a 380 personas y producir recomendaciones de contenido al articulado
del reglamento.
El taller de discusión se realizó en Bailadores,
estado Mérida, entre el 17 y 19 de febrero bajo el auspicio
del Instituto Nacional de Parques (Inparques). Allí estuvieron
sesionando en cinco mesas de trabajo agricultores, estudiantes,
grupos ambientalistas, representantes de gremios, investigadores
e interesados particulares en el tema para aportar sugerencias al
anteproyecto de reglamento del parque con jurisdicción en
los estados Mérida y Táchira.
Las mesas de trabajo fueron cinco, discriminadas en
áreas de agricultura, turismo, investigación científica,
infraestructura e incendios. En todas hubo participación
del público, mas el aspecto de las minas fue el de aguda
atención por ser un punto de actualidad sobre el cual diversas
organizaciones y habitantes de la región se oponen a los
permisos de explotación de materiales de diversa caracterización
detectados por la empresa Aritmeco. La oposición a las minas
tiene fundamento en los traumas que produciría la industria
minera en una zona de tradición agrícola con aportes
relevantes a la economía nacional.
La plenaria del taller de discusión del Anteproyecto
del Reglamento de Uso del Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza
aplaudió la propuesta de no aceptar la explotación
minera en el parque. Con esta postura se adversó la sugerencia
de
incorporar al reglamento una zona de uso especial para la extracción
de metales, teniendo como argumento dicha sugerencia lo previsto
en el reglamento de uso del Parque El Tamá, estado Táchira,
el cual da cabida a operaciones mineras en el lugar.
Los defensores de la agricultura en Bailadores solicitaron la eliminación
de un aparte del anteproyecto que pudiera utilizarce para la explotación
minera en el parque Peñaloza. Se apoyó el requerimiento
en la vigencia legislativa de la Convención de Washington
de 1941, ratificada por el Estado venezolano, donde no se admite
la explotación comercial de los parques y en la Ley Forestal
de Suelos y Aguas por no permitir cualquier actividad contraria
a los fines de un parque nacional. Adicionalmente, la plenaria solicitó
la anulación de las normas permisivas de actividades mineras
en el Parque El Tamá y recomendó se incluyera en la
poligonal del mismo parque distintas quebradas para garantizar el
agua de utilidad humana y riego agropecuario.
Otras observaciones al anteproyecto de reglamento de
uso del Parque Peñaloza consistieron en incluir en todo el
parque la investigación científica, rescatar los parajes
históricos, avisorar la disposición de la basura,
prohibir el uso de armas de fuego y aire, evaluar cada tres años
los programas de protección y defensa diseñados para
el parque.
Al finalizar el taller, Maclobio Orozco, Director de Inparques Región
Táchira-Barinas, aseveró la incorporación de
las sugerencias del público al anteproyecto que en abril
será llevado a la discusión en el Ejecutivo Nacional.
Los asistentes a la discusión del reglamento
advirtieron su determinación de velar por la inclusión
de lo acordado en el reglamento definitivo, pues el éxito
de la asistencia y participación en el taller no tendría
sentido si en los centros de decisión gubernamental se ignoran
los planteamientos de quienes viven y se identifican con los principios
de los parques nacionales.
Marcha
en Mérida contra la tauromaquia
El Frente Ecológico de Mérida efectuó
una protesta pública con teatro, murales y volantes contra
las corridas de toros en la primera de la fiesta brava de la Feria
del Sol de 1993.
El argumento de la protesta radicó en el maltrato
a las bestias antes y durante las corridas. Para los ecologistas,
el arte de torear y ver el toreo se sustenta en una visión
antagónica con la naturaleza en donde el hombre agrede a
mansalva a un animal después de que este ha padecido encierros,
hambre y soledad.
La consigna "Ponte en lugar del toro" pretendió
llegar al sentir de los aficionados al toreo tratando de crear imaginativamente
en ellos el dolor ocasionado por el mareo y los pinchazos a los
cuales es sometido el cornupeta.
La protesta sucedió en las inmediaciones de la
plaza de toros, poblada de aficionados y resguardada por la policía.
El teatro de los ecologistas lo vieron pocas personas. A pesar de
ello, se demostró que sí hay a quienes les preocupa
el goce fundamentado en la tortura.
¿Pulmón
artificial para Caracas?
El decreto 2299, emanado del Ejecutivo Nacional con
el aval del Ministerio del Ambiente, redujo la Zona Protectora del
Area Metropolitana de Caracas al transformar a sectores de protección
vegetal en terrenos urbanizables aún sin garantía
de suministro de agua. Si nos remitimos al pasado inmediato, en
Caracas y sus alrededores ocurre el fenómeno de aquellas
construcciones erigidas en terrenos de resguardo ambiental. ¿Qué
podría ocurrir ahora con lo permitido por el decreto 2299?
Algunos avisoran encarecimiento de terrenos para la
construcción; otros, invasiones; los desinformados, esperan
nuevos parques infantiles. Lo previsible de todo esto es la disminución
del llamado pulmón vegetal de una ciudad con altos registros
de contaminación atmosférica.
La planificación y ordenamiento del territorio
tiene la concepción de favorecer el uso racional del espacio.
Caracas y su entorno metropolitano tuvieron un ordenamiento urbanístico
para hacer menos traumática la ciudad. Por el contrario,
la capital de Venezuela y pueblos circundantes se extienden cada
año, y las líneas del plan de desconcentración
no pueden detener el avance hacia la megaciudad.
Los amagues por frenar la hipertrofia citadina engloban
decretos, resoluciones, proyecciones de descentralización
pero el mismo que intenta preservar, aprueba mayor ocupación
espacial. Esto es lo reflejado por el decreto 2299, continente de
un nuevo Reglamento de Uso de la zona protectora.
Si hurgamos en otros efectos del decreto 2299, encontraremos
la total contradicción con los lineamientos de descentralización
administrativa vociferados por el gobierno central.
Existen ordenanzas municipales que resguardan para la
conservación lo modificado por el decreto. La decisión
Ejecutiva desconoce a toda luz la autoridad municipal, y pone en
duda la intención de entregar a los municipios mayor autonomía
para la administración local.
El decreto además indica que si bien la presión
habitacional en Caracas es fuerte y la expansión de los límites
urbanizables parecieran esquemas urbanísticos de los gerentes
de planificación, la rectificación en materia ambiental
no es prioridad. Mientras esta visión permanece, la Comisión
de Ambiente del Concejo Municipal del Municipio Libertador litigará
en la Corte Suprema de Justicia la nulidad del decreto 2299 y los
moradores de Caracas tendrán en sus mentes la posible utilización
de un pulmón artificial para la ciudad, en vez del trozo
de pulmón vegetal que les resta.
Movimiento Agroecológico
Latinoamericano
Enraizado en las organizaciones campesinas y en cientos
de instituciones practicantes de la agricultura ecológica
orientada hacia el desarrollo rural sostenible y con justicia social,
el Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) ha priorizado
sus actividades en Capacitación, Información, Comunicación
y en las normas para la producción, certificación
y comercio de productos ecológicos.
MAELA se fundó en 1989, en Bolivia. Este movimiento
latinoamericano está articulado en cinco coordinaciones denominadas
Cono Sur, Andina, Amazonia, Trópico No Amazónico y
Mesoamerica y el Caribe.
En líneas generales, los objetivos de MAELA buscan
aumentar la calidad de vida de los agricultores y consumidores;
propiciar leyes protectoras de la familia campesina, al consumidor
y a la naturaleza; influenciar las políticas gubernamentales
en agricultura, medio ambiente, salud, educación, ciencia
y tecnología para un modelo de desarrollo socialmente justo,
económicamente sustentable y ecológicamente estable.
La capacitación es elemento básico para
el logro de los objetivos de MAELA. 1993 y 1994, serán de
intensa formación de instructores de agricultura ecológica,
en razón de que las organizaciones campesinas y de promoción
necesitan manejar técnicas con visión holística
en lo técnico, económico, sociocultural y ambiental.
El trabajo por una normativa legal que regule la producción,
certificación y comercio de bienes orgánicos ha sido
asumido por MAELA. La proyección de dicha normativa es evitar
la sujeción del comercio latinoamericano al de los países
desarrollados en condiciones desventajosas, ya que la diversidad
de cultivos, la adopción de sistemas de bajo uso de insumos
y la defensa de la fertilidad natural del suelo encaminarán
el equilibrio ecológico y el pago justo a los agricultores.
El aspecto comunicacional MAELA los estima plural y
centralizado para que sirva de canal de intercambio entre los movimientos
nacionales organizados. Se espera editar una revista trimestral
cuyos contenidos puedan impulsar el logro de los objetivos del movimiento.
Escagüey
envuelto en plaguicidas.
Más de cien personas intoxicadas, decenas de
ellas con daños a la salud irreversibles, hectáreas
de terrenos contaminadas en niveles nunca antes vistos en la región
y serias dudas sobre el control de circulación de agroquímicos,
es el resultado visible del volcamiento en Escagüey de un camión
cargado de plaguicidas, muchos de ellos prohibidos por normas nacionales
e internacionales debido a su alta toxicidad.
El 26 de febrero, en la mañana el camión
manejado por Luis Alberto Moret Roa, cayó setenta metros
por la falda de la carretera de Escagüey desparramando plaguicidas
por el orden de los tres mil kilogramos. El accidente fue notificado
a las autoridades sanitarias y del ambiente cinco días después,
cuando ya se había quemado el terreno donde se esparció
el cargamento y algunos habitantes del sector tomaron para sí
envases de los peligrosos químicos.
De acuerdo a extractos del informe de la Comisión
Técnica de Plaguicidas sobre el accidente en Escagüey,
el espacio afectado por el derrame de compuestos químicos
como Gramoxone, Parathion, Antracol e inclusive DDT, alcanza los
800 metros cuadrados. Se presume que la incineración del
terreno complicó las consecuencias inmediatas del volcamiento
debido a la nube tóxica que se formó y cubrió
zonas habitadas por alrededor de 600 personas.
Mientras se prosigue con los análisis toxicológicos
de los pobladores de Escagüey y las medidas para reducir ínfimamente
el impacto ambiental del accidente vale hacer varias interrogantes:
¿Cuál es control de las autoridades para evitar el
tráfico de plaguicidas prohibidos en el país? ¿Cómo
es que se deja comercializar casa por casa productos tan peligrosos?
¿Por qué los organismos que levantaron el accidente
no notificaron enseguida a la Comisión de Técnica
de Plaguicidas? ¿Habrá la responsabilidad penal contra
quienes directa e indirectamente tienen relación con la causa
de la emergencia de salud pública que ahora vive Escagüey?
Tal vez, de no haber ocurrido el accidente, nada estaría
pasando. Con la emergencia declarada en la zona se demuestra la
falta de información, la necesidad del control estricto en
el uso y comercialización de plaguicidas.
