Productos Químicos Bailado res despachó el 26 de febrero de 1993 uno de sus camiones, que iría a distribuir al detal tres mil kilogramos de plaguicidas en algunos pueblos del páramo de Mérida, donde agricultores de tubérculos y hortalizas recurren a insumos químicos para preservar de enfermedades los cultivos que se comercializan en los mercados del estado.
  Luego de haber recorrido sin inconvenientes más de cien kilómetros, el chofer no pudo controlar el camión que se precipitó setenta metros al borde de la carretera. La inclinación de la falda montañosa, tupida de ramas, amortiguó la velocidad de caída. Al rato, el conductor y acompañante fueron rescatados con lesiones menores por los bomberos de Apartaderos, mientras la carga quedó tirada en el terreno.
  No transcurrió una hora del accidente cuando el penetrante olor a algo similar a naftalina inundó el sector. Quienes llegaron al sitio del volcamiento debieron alejarse raudos, por no soportar la emanación de los químicos.
  Los bomberos de la ciudad de Mérida llegaron al sector hora y media después de ocurrido el volcamiento. Antes de salir para Escagüey, a treinta kilómetros de la urbe, los hombres de azul hicieron las diligencias con otras casas comercializadoras de agroquímicos para obtener el equipo adecuado para ocuparse de emergencias de ese tipo.
  No les quedó otra opción que enfrentar el accidente sin el equipo, porque ninguna de las empresas visitadas lo tenían.
  El informe del Subteniente de Bomberos Víctor Rojas relata que antes de la llegada de la comisión bomberil ya estaban en el lugar brigadas de Defensa Civil - quienes llevaron los heridos al hospital -, Guardia Nacional, Policía y Vigilancia de Tránsito.
  En la pendiente del terreno, habitantes del sector recogieron a mano descubierta algunos envases, no obstante ser advertidos de la peligrosidad de los agroquímicos por los bomberos. Esa acción del grupo de habitantes, casi ochenta, fue calificada por varios como un saqueo.
  Otros, al verse autorizados por el chofer del vehículo para agarrar productos y llevárselos a los hogares, lo entendieron como una forma de mantener lo más silenciado posible el hecho, por las implicaciones legales que tiene. El chofer, a su vez, autorizó la incineración de los envases rotos.
  Funcionarios del gobierno municipal de Escagüey fueron notificados de¡ volcamiento. Entre estos figura el síndico del Municipio Rangel quien ya sabía de lo ocurrido y dijo que buscaría a algunas de las personas que cargaron los químicos para que los enterraran.
  Por su parte, familiares de¡ dueño de la carga allí presentes ofrecieron un pago acorde a lo ayudado a recuperar. A los oferentes de la recompensa se les advirtió de la necesidad de usar equipos especiales para manipular el cargamento.
  No se sabe porqué razón a los restos de plaguicidas, fungicidas y herbicidas les prendieron fuego. Esto creó una nube de gases extremadamente tóxica que llegó al centro poblado y aldeas cercanas siendo respirada por sus moradores.

Salto en las estadísticas: un accidente ocultado

  En la tarde del 26 de febrero el Hospital Universitario de Los Andes atendió tres casos de intoxicación aguda por plaguicidas. Los médicos no obtuvieron información de cómo fue la intoxicación, sólo se enteraron que los pacientes provenían del páramo. Esto hizo presumir que la emergencia era una más de las que mensualmente se atiende por contaminación de plaguicidas.
  En el transcurso de los días subsiguientes al accidente, varios pobladores de las aldeas afectadas por la nube tóxica comenzaron a acudir al hospital universitario y a la Unidad de Toxicología de la ULA por ardores en la piel, irritación de las vías respiratorias, mareos, dolores de cabeza, náuseas y otros síntomas que ya le avizoraban a los médicos la posibilidad de un problema de salud pública. El cinco de marzo la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Sanidad recibió la notificación del accidente. Los médicos de Epidemiología del Ministerio de Sanidad y Toxicología-ULA comenzaron un estudio clínico en el sitio con las personas más afectadas por la intoxicación. No todos los intoxicados acudieron al centro de asistencia por temor a alguna represalia, pues tendrían que explicar cómo fue la contaminación, por lo cual muchos tendrían que confesar haber recogido envases del cargamento esparcido en la pendiente montañosa.
  Las medidas ambientales que se ejecutaron fueron "echarle tierra" a la zona del derrame químico y realizar algunas pruebas de calidad de agua porque no se conoce qué cantidad de agrovenenos cayó o fue tirado al río Chama, de donde se surten de agua varios caseríos y siembras.

Desastre Químico

  Después de observar el punto del accidente, conocer los resultados de más de 250 muestras de sangre y orina de intoxicados, identificar los productos derramados y su grado de toxicidad, el doctor Luis Lacruz, coordinador de la Unidad de Toxicología de la Universidad de Los Andes, refirió que lo sucedido en Escagüey entra en la categoría legal de Desastre Químico, como lo han sido los hechos de Tree Miles Island, Estados Unidos; Chernobyl, Rusia; y Bophal, India. La misma calificación le dio el Informe de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa del Estado Mérida.
  Este Desastre Químico de Escagüey no se notificó a las autoridades sanitarias al mismo instante cuando las autoridades municipales se enteraron. Esta función no la cumplieron quienes como autoridad militar o civil atendieron el asunto.
Tampoco lo informó el personal de la medicatura rural al Distrito Sanitario y por dicha razón, en parte, no se actuó con la celeridad que urgió el suceso.
  El doctor Lacruz comentó que prácticamente se estudió a toda la población porque el contacto con los agroquímicos fue general, aunque en rangos de incidencia diferente.
  En base a las personas que se pudieron examinar, se sabe que 78 individuos están muy afectados, 250 padecieron exposición directa y casi 700 personas resultaron indirectamente dañadas por la nube de humo enrarecido originada por la quema de los productos químicos.
  Para el toxicólogo Lacruz, el accidente refleja que en Mérida y en todo el país no se cuenta con los recursos para actuar en emergencias como la de Escagüey
  A lo anterior debe sumársele que Mérida es el estado de Venezuela con mayor porcentaje de intoxicados.
  Esto se refleja en el repunte de contaminados y muertes por agroquímicos clorados, siendo el Paraquat la principal sustancia.
  El Desastre de Escagüey dejó consecuencias nocivas irreversibles, como los deterioros crónicos por efecto de acumulación de residuos de plaguicidas en el cuerpo humano, animales y plantas.

¿Se hará justicia?

  La situación es de suma gravedad. Aparte del aspecto salud, hay elementos que comprometen la actitud de personas y organismos que actuaron al principio del desastre. Estos señalamientos se coligen de las investigaciones del cuerpo legislativo, quien precisa omisiones y negligencia de la empresa y personal de organismos como Tránsito, Policía, Guardia Nacional, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Sanidad para la determinación de responsabilidades.
  Entre los señalamientos se cita el allanamiento sin orden judicial de casas donde presuntamente se guardaron envases y la recuperación por esa vía de otros que fueron entregados al propietario de Productos Químicos Bailadores; la carga del camión no estaba autorizada para vender al detal, como lo hacía hasta el momento del accidente la empresa; en los puestos de vigilancia y control vial no hay información sobre plaguicidas de uso agrícola permitidos nacional e internacionalmente; se presume el contrabando de agroquímicos porque se encontró en la carga del camión el pesticida DDT, prohibido en el país desde 1980.
  El Desastre Químico de Escagüey constató la peligrosidad de muchos agroquímicos pero también las complicidades intencionales y culposas de una práctica económica que pone en vilo la salud. ¿Actuará la justicia?