Durante el pasado mes de febrero se celebró en Mérida el Seminario Internacional de Agricultura Ecológica, organizado por el Instituto Para la Investigación de Agricultura Tropical y la Embajada Británica en Venezuela.
  Este evento, reseñado por la prensa local y nacional, contó con la participación de numerosos directivos de las Escuelas de Agronomía de diferentes universidades del país, de instituciones como Fusagri, Fonaiap y hasta ex ministros y parlamentarios preocupados por el futuro de un desarrollo de una agricultura sostenible para nuestro país.
  Como era natural en un seminario de esta naturaleza, el tema de los agroquímicos estuvo en la palestra de las discusiones. Los ponentes extranjeros (estadounidenses, británicos, mexicanos, colombianos, brasileros) y sus contrapartes criollos, enfatizaron las características negativas del uso de agrotóxicos en la agricultura, y se extendieron en sus explicaciones sobre las consecuencias físicas, biológicas y sociales del uso de venenos agrícolas, tanto en el plano económico y ambiental, como en el de la salud humana.
  Llamó la atención, la presencia soterrada de uno de los representantes de la industria agroquímica internacional: la Imperial Chemical Industry, ICI; quienes preocupados por el desarrollo de un incipiente movimiento ambientalista se tomaron la molestia de abandonar sus cuarteles generales en Maracay, con el propósito de defender sus intereses comerciales y las supuestas bondades de los venenos que ellos comercializan.
  En este caso, la angustia de los ejecutivos de la ICI los llevó hasta el extremo de pretender armar espasmódicamente una suerte de "evento paralelo" en la misma ciudad de Mérida - el cual por cierto nunca llegó a cuajar - aduciendo que el Seminario de Agricultura Ecológica no les había permitido expresar a cabalidad sus puntos de vista.
  Resultó no menos que irónico empresa transnacional, al referirse a sí mismos como víctimas de una campaña informativa malintencionada e injusta; donde los villanos, por supuesto, serían intransigentes ambientalistas sin formación científica alguna, que persiguen oscuros intereses.
  Lamentablemente para las transnacionales de agroquímicos y para sus gerentes regionales en países como el nuestro los estudios e investigaciones científicas sobre las consecuencias perjudiciales en el uso y abuso de agrotóxicos está más que comprobado.
  De igual manera, ya pasó la época en que bastaba explotar una imagen de los ambientalistas como seres ignorantes y fanatizados, en favor del argumento del uso seguro de venenos agrícolas.
  No fue por pura coincidencia que el discurso del Dr. Arnoldo José Gabaldón (parlamentario venezolano de reconocida fama internacional y Comisionado Presidencial sobre asuntos ambientales), pronunciado durante el primer día del Seminario de Agricultura Ecológica, hiciera referencia al impacto que sobre el medio ambiente planetario tienen las prácticas agrícolas modernas. Entre tantos ejemplos que citó, el Dr. Gabaldón se refirió directamente a la utilización de sustancias venenosas, como el Gramoxone y Paraquat, que no solo contaminan los cursos de agua dulce y destruyen la fertilidad de los suelos, sino que tienen terribles y prolongados efectos sobre la salud humana.
  Es cierto que los patrones actuales de manejo agrícola hacen muy difícil una conversión instantánea hacia una agricultura ecológica. Pero no es menos cierto que la transformación hacia una agricultura sustentable debe comenzar desde ya. Así lo plantea el Programa de Acción Ambiental de la Agenda 21 producido por las Naciones Unidas durante la Conferencia de Río.
  Tal como lo expresa el Capítulo 14 de ese documento, en el subtítulo referido a la lucha integrada contra las plagas agrícolas: "Los gobiernos, al nivel que corresponda y con el apoyo de las organizaciones internacionales y regionales competentes, deberían: a) Consolidar y armonizar la información y los programas existentes sobre la utilización de plaguicidas prohibidos o muy restringidos en diferentes países".
  Empeñarse en argumentar a favor de ciertos venenos agrotóxicos, aduciendo una supuesta ecuanimidad de criterio en el manejo tecnológico de la agricultura, significa asumir las posiciones más retardatarias; pues como bien lo saben los representantes de las numerosas empresas agroquímicas, con base en nuestros países tercermundistas, aquí se venden productos que están prohibidos en sus países de origen.
  Una primera razón a esta situación se explica en base a criterios meramente económicos, pues las transnacionales agroquímicas intentan sacarle el jugo comercial a lo que significaron cuantiosas inversiones en investigación. La otra razón radica en la poca vigilancia e interés de los gobiernos locales por reglamentar el uso de estos venenos.
  En este sentido, la actitud agresiva de los ejecutivos de la ICI no hace sino confirmar los argumentos ambientales en pro de una agricultura ecológica que busca incrementar la producción de alimentos más sanos, de una manera que no destruya los recursos naturales que le sirven de base de sustentación.
  El diálogo entre los representantes de la industria agroquímica y los ambientalistas debe partir del reconocimiento de los numerosos estudios científicos avalados por el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y proseguiría hacia formas de negociación que incluyan transferencia tecnológica ambientalmente sustentable, las cuales podrían finalmente quebrar el círculo vicioso de dependencia agrotóxica creado por el uso de estos mismos venenos.
  Si bien esto representaría un bien incalculable para la humanidad, en términos concretos significa la pérdida de millones de dólares de ganancia para las compañías transnacionales de agroquímicos. Sólo el tiempo dirá cual es su disposición a un verdadero diálogo.