1. Que se paralice la explotación de oro y diamantes en la zona fronteriza del sur del estado Bolívar, en la cuenca alta del Río Caroní, hasta tanto no se revise la política minera en esa zona y se afectúe una evaluación profunda e integral de los efectos de la explotación minera sobre la generación de agua y conservación del régimen necesarios para mantener la producción de energía hidroeléctrica. Que se realice' la inspección de todas las empresas nacionales y extranjeras que operan en el área..

2. Que se analice la relación costo-beneficio tomando en cuenta los más altos intereses del país, los efectos a corto y largo plazo y lo que representa la pérdida de estos ecosistemas productores de agua para el embalse de Gury.

3. Que se abra el correspondiente proceso administrativo a la empresa Trabajos de Minería MIGS C.A., por incumplimiento de los permisos otorgados, de la Ley Penal del Ambiente, de la Ley Forestal de Suelos y de Aguas, de la Ley orgánica del Ambiente y de otras leyes que aplican.

4. Que se definan jurídicamente los derechos sobre las tierras que pertenecen a los indígenas y que se le exija a la CVG una explicación en relación al otorgamiento de concesiones en tierras sobre las que el Estado venezolano ya había contraído compromisos previos.

5. Que se discuta públicamente la política minera del estado venezolano, en vista de los numerosos desmanes al medio ambiente que se observan en la zona de guayana y los vicios de corrupción que se perciben. Que esa consulta pública sea un proceso transparente, en el cual se abran verdaderos canales de participación a la sociedad civil organizada..