Ecología y Ambiente
La destrucción autorizada de la Cuenca Alta del Río Caroní    
  Ejemplo de un ecocidio
bien instrumentado...
       
     
Sociedad de Amigos de la Gran Sabana
 
 
La crónica del caso de la empresa minera Migs II, pone al descubierto el modus operandi de las compañías transnacionales canadienses, las cuales a través de agentes nacionales, la complicidad de funcionarios gubernamentales y una complicada maniobra burocrática, logran obtener permisos "legales" para explotar minas en las zonas de reserva de la Cuenca del río Caroní, poniendo así en peligro el futuro del principal abastecedor de energía hidroeléctrica de la represa del Guri.
 
             

1992


José Moreno Fernández, Presidente de la compañía Trabajos de Minería MIGS C.A., solicita ante la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) el arrendamiento de la parcela Migs II situada a 35 kms. de Santa Elena de Uairén, en la Quebrada del Valle, mayor tributario del Río Surukun, afluente a su vez del Caroní, en el Estado Bolívar, en un área decretada por el Estado venezolano en 1975 como Zona Protectora Sur del Estado Bolívar, destinada a preservar el Embalse de Guri y asegurar la energía hidroeléctrica del país.

19 de junio
La Gerencia de Promoción Minera de la CVG, le responde a José Moreno Fernández que para continuar con la tramitación de contrato para la explotación de oro y diamantes de aluvión y veta en la parcela Migs II, debe solicitar ante la oficina de Planificación y Ordenación del Ambiente (POA) del Ministerio del Ambiente, el reglamentario permiso de Ocupación de Territorio.

26 de junio
Trabajos de Minería MIGS solicita al MARNR la Ocupación del Territorio, para lo cual anexa un Cuestionario Básico Ambiental, requisito legal que permite al MARNR evaluar las intenciones del aspirante y otorgar la ocupación. Las respuestas de Moreno al cuestionario fueron vagas e incompletas, sin datos precisos. Se hizo simplemente como un trámite más.

23 de Julio
La Dirección del MARNR - Región Bolívar- lleva a cabo una inspección aérea, en compañía del dueño de la empresa, José Moreno. El informe de inspección aparecen datos imposibles de determinar desde una avioneta en vuelo. Solo se podía determinar que el área está cubierta por bosques densos y altos.

3 de noviembre
  Con la pobre información del Cuestionario Básico Ambiental y la inspección técnica de la Dirección del Estado Bolívar, se otorga a Moreno el permiso de Ocupación del Territorio, firmado por el Director General Sectorial de POA-MARNR, Ing. Cilino González. En el mismo oficio se le notifica que para explotar esa parcela, debe presentar también un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
  
Ese mismo día, Moreno firma contrato con CVG para explotación de oro y diamante de aluvión y veta en la parcela MIGS II por un lapso de 20 años, prorrogable por lapsos sucesivos de 10 años. El contrato establece una fianza de fiel cumplimiento de 3 millones de bolívares por las obligaciones del mismo. Llama la atención la cláusula 19° en la cual se establece una fianza para las obligaciones ecológicas por la suma irrisoria de 5.882 US. dólares. La cláusula 269 establece que la empresa no podrá ceder en forma alguna a terceros el presente contrato. La 21º expresa que las partes se obligan a no divulgar a ningún tercero ni publicar información ya sea escrita u oral o datos de archivo sin obtener la aprobación de la otra parte.

17 de diciembre
Los trabajos de minería MIGS C.A. notifica que para realizar el ElA exigido, requiere instalar una planta piloto, para procesar el material aurífero y diamantífero extraído de trincheras, y solicita. permiso para construir lagunas para disposición de "agua potable" construir vialidad interna, construir un helipuerto, trasladar maquinaria menor, realizar picas y delimitar los linderos de la concesión con amplias trincheras... Todo esto de manera de elaborar un EIA "realista y no teórico", y que sólo con la información arrojada por la planta piloto se podría formular el estudio solicitado.

 
1993
 

19 de julio
Paralelamente, la empresa minera canadiense Yellowjack Resources Ltd, en notas de prensa dirigidas a accionistas en Canadá, notifica que completó sus negociaciones con la compañía Trabajos de Minería MIGS C.A., adquiriendo el 100% de las acciones de la concesiones Migs I y Migs II por 2.500.000 US dólares. De otro dueño, la Yellowjack ya había comprado la parcela Lote C por 3.000.000 US dólares. Comunica igualmente que los permisos ya han sido tramitados, que la maquinaria minera ha sido embarcada para Venezuela y que en agosto se iniciaran los trabajos.

22 de septiembre
POA - MARNR otorga a José Moreno el permiso de Afectación de los Recursos Naturales Renovables, para efectuar actividades de prospección aurífera y diamantífera en la parcela Migs II. En ese mismo permiso se autoriza la controversial planta piloto solicitada, aún cuando esa planta se puede autorizar solo en fase de explotación. Se autoriza la afectación de recursos para la instalación de la planta piloto, 3 lagunas de unos 5.000 m2 cada una, un campamento, un helipuerto, 8 kms de picas de 2 mt. de ancho para linderos, 6 picas con fines de prospección aurífera y diamantífera, 8 picas con fines de prospección geológica y corte de vegetación baja, aún cuando el informe técnico del 23 de julio del 92 indica un "bosque alto y denso"

14 de octubre
La Yellowjack Resources, en nota de prensa a sus accionistas, informa que está lista la instalación de la planta piloto (22 días después del permiso), y que en seis días mas inician la explotación.

4 de noviembre
En una nota de prensa de la Yellowjack, Ken Murray, Director de la misma, anuncia planes para iniciar la "producción" a una tasa de 185 mts3/ día. De ahora en adelante, usarán material virgen, dando curso a su Programa de Producción de la Planta Piloto, a pesar de que el permiso es solo para exploración.

13 de noviembre
El Fiscal 1 Ambiental del Ministerio Público, Leopoldo Saavedra (actual Director General Sectorial de Vigilancia y Control del MARNR), en repuesta a la denuncia efectuada ante la Fiscalía General de la República por organizaciones ambientalistas, realiza una inspección ocular en la parcela Migs II, en compañía de autoridades de la zona, a fin de constatar los daños causados por la compañías en el sitio de El Valle, en plenas nacientes del Río Surukun. Ante las irregularidades observadas, el Fiscal Saavedra decide paralizar las actividades de la empresa en la Parcela Migs II. (sin embargo, no visita las otras conseciones denunciadas, la Migs I y la Faica, propiedad de otra empresa, ubicada cerca de Santa Elena). Se encontraban presentes en el sitio durante la inspección la Fiscal XIII Ambiental, efectivos de la Guardia Nacional de Santa Elena de Uairén y la juez de Santa Elena.

18 de noviembre
En atención a la denuncia formulada por organizaciones ambientalistas, el MARNR realiza una nueva inspección técnica a cargo de la funcionaria de la Región Bolívar Yurairna Peraza, donde concluyen que los trabajos de Minería MIGS están de acuerdo a lo establecido en la autorización del MARNR y que estos no afectan ecosistemas protegidos ni de carácter endémico, ni se observan rastros de contaminación ambiental, ni procesos erosivos.

21 de noviembre
La Comunidad Indígena de la Gran Sabana envía a la prensa un manifiesto denunciando la invasión de los canadienses y otros mineros en sus tierras, las cuales les fueron otorgadas por el Instituto Agrario Nacional (IAN), en acto público efectuado en Santa Elena de Uairén en 1990. Destacan su preocupación por la destrucción de los bosques del Abismo y la contaminación de los ríos.
  
Fines de noviembre, el MARNR decide efectuar otra inspección, y envía desde Caracas al Técnico Casadiego.

10 de diciembre
Como resultado de la inspección de Casadiego, el MARNR dicta una Orden de proceder para investigar lo que pudiese configurar un ¡lícito ambiental y de paralizar preventivamente las actividades en la parcela Migs 2.

27 de diciembre
El Dr. Leopoldo Saavedra, Fiscal Primero de Defensa Ambiental en comunicación dirigida al General de Brigada del Comando Regional N° 8 de la FAC en Puerto Ordaz, infiere que los trabajos (de la MIGS 2) consisten en la instalación de una planta piloto de prospección para la extracción de material aurífero y diamantífero... en la Zona Protectora Sur del estado Bolívar, sin que se haga referencia al estudio de Impacto Ambiental".

1994

7 de marzo
El Tcnel Danny de Jesús Azuaje, Comandante del destacamento de fronteras N° 84 del CR-8 de la Guardia Nacional, en comunicación enviada al General de Brigada Gilberto José Ferrer Ruiz, Comandante Regional NI' 8 en relación a la denuncia aparecida en el programa de TV "José Vicente Hoy" los días 20-2-94 y 6-3-94, dice: "las noticias aparecidas en la prensa y televisión no se ajustan a la realidad"... y recomienda respetuosamente: "se obvien cualquier información o denuncia referente al caso señalado, motivado a que permanentemente esa unidad mantienen vigilancia y control de la zona denominada Empresa Minera MIGS".

2 de mayo
El Juez Tercero de Primera Instancia en lo Penal, José R. Martinez, en comunicación N° 2352, expediente N' 10604 se dirige al Tcnel Danny de Jesús Azuaje e, Cmte Destacamento 84 Santa Elena de Uairen, a fin de hacer de su conocimiento que ese tribunal dictó decisión que deja sin efecto la paralización preventiva de las actividades en la parcela MIGS 2.

18 de julio
La Yellow Jack Resources Ltd. en comunicación a sus accionistas, anuncia junto a su socio Solomon Resources Ltd., que la planta piloto MIGS 2 en Venezuela, ha comenzado a procesar muestras y han recuperado un lote de diamantes evaluados en cerca de treinta mil (30.000,°°) US dólares. Debido a que solo tienen permiso de exploración del MARNR, la compañia canadiense se ve obligada a pagar una multa de doscientos noventa y cuatro (294,°°) US dólares por los daños irreversibles al ambiente.

 

 
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